Consten actas.

Ayer nos enterábamos de la intervención de nuestro club, después de tantas idas y vueltas, Scarabino fue destituido de su cargo y también todos sus compañeros de la comisión. La intervención colegiada tendrá la responsabilidad de transparentar y organizar la institución para una rápida regularización. Normalización que estará dada por el llamado a elecciones en un plazo no mayor de 60 días.

Se designaron tres interventores ellos son; el presidente del Colegio de Abogados de Rosario, Arturo Araujo; el presidente del Consejo de Ciencias Económicas, Ricardo Schnier; y el contador sorteado de la lista oficial de interventores societarios; y también por un representante de la sindicatura concursal (sería la contadora Mariela Rodríguez). También se dispuso mantener a los funcionarios de Inspección de Personas Jurídicas como veedores. Dicho cuerpo funcionará en forma colegiada ocupando los cargos de las personas removidas. Las atribuciones otorgadas por la jueza fueron precisas y puntuales:

1- Ordenar la administración y actualizar los asientos en los libros institucionales y contables. 2- Determinar la cantidad y composición del pasivo posconcursal, y establecer la modalidad y exigibilidad de las obligaciones.

3- Regularizar y confeccionar la nómina de asociados.

4- Regularizar y confeccionar el padrón de electores y convocar a asamblea a los efectos de la elección de la comisión electoral.

5- Convocar a elecciones en un plazo no mayor de los 60 días.

6- Organizar y fiscalizar los comicios.

7- Proclamar a la comisión directiva electa.

El pasivo posconcursal al 8 de julio superaba los 22 millones de pesos, pero dicha deuda al 24 de julio, es decir a menos de un mes, ya había trepado a 40 millones de pesos. En los considerandos de la intervención, también se hace referencia a una serie de inexactitudes y ocultamientos por parte de los ex dirigentes en cuanto a las transferencias de Ángel Di María y Andrés Díaz, a tal punto que la Justicia se entera a través del club Benfica de Portugal que las negociaciones con Central habían comenzado el 27 de junio, es decir un mes antes de que los dirigentes canallas solicitaran con urgencia la autorización judicial para cerrar la operación, inmediatez que intentaron justificar también con una fecha falsa, ya que el cierre de la fecha de inscripción de la Champions League no operaba el 2 de agosto sino una semana después, tal como lo informó este diario. Otro de los ítem de la resolución menciona la falta de precisiones por parte de Scarabino al cuestionario que le realizaron en la audiencia del pasado 9 de agosto, donde a las 101 preguntas que le formularon respondió a la mayoría “no recuerdo”. La determinación judicial termina por ratificar la falta de respuesta dirigencial a la solicitud de los veedores sobre la identificación de los 800 socios que fueron puestos al día con la cuota en un sólo acto por una persona, de la que tampoco dieron el nombre. Pero más allá de esta descripción lapidaria de la realidad que provocó Scarabino y compañía, la que ya es investigada por la Justicia, ahora en Central comienza un período de transición hacia un acto electoral donde los socios, nosotros, tendríamos varias alternativas, en cuya construcción ya están trabajando diferentes agrupaciones, entre ellas el Crece, Mística Canalla y una iniciativa del ingeniero Alberto Joaquín.